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MDF – En tu opinión, ¿qué está en juego en las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre?

Verónica Magario – Se puede formular de una manera sencilla: se trata de aprobarle la gestión a Milei o desaprobársela. Ese día, las y los bonaerenses le dirán al presidente si su plan económico financiero está bien o si no lo quieren más y que debe cambiarlo de cuajo.

La provincia, sus mujeres y hombres, se expresarán sobre este “ordenamiento”  de la macro, que ya vemos en los hechos que no es tal, aunque les haya destrozado la vida de todos los días a la gente, esa microeconomía que Milei desprecia e ignora o,  mejor dicho, que la desprecia porque la ignora.

El 7 de septiembre se enfrentan en las urnas dos modelos opuestos, que se vienen enfrentando en el día a día desde que Milei asumió. En la Provincia de Buenos Aires venimos demostrando, a pesar de todas las gigantescas piedras en el camino que Milei nos pone todos los días, que es posible trabajar para que las personas vivan mejor, un poco mejor.

Esa es la verdadera macro, la macro responsabilidad de no empujar para que la plata se la lleven afuera los de siempre en lugar de que vaya al bolsillo de los que trabajan. La macro responsabilidad de que los más vulnerables cuenten con un Estado eficiente para que los auxilien en la emergencia.

Esa es la gigantesca tarea que el gobierno bonaerense, con Axel a la cabeza, viene dando desde hace más de un año y medio contra el salvajismo libertario de Milei.

Precisamente la elección del 7 de septiembre es sobre estas dos posibilidades. O alentarlo a Milei con el voto para que siga destrozando la vida de los bonaerenses o frenarlo, decirle “hasta acá”.

MDF – Se decide entre dos modelos diametralmente opuestos, entonces. En consecuencia, el de Milei es integralmente objetado desde Fuerza Patria.

VM– Exactamente. Nosotros estamos atacando a todas las políticas implementadas por Milei – políticamente y dentro de las reglas democráticas, las cuales siempre hemos respetado aunque los antiperonistas muchas veces no lo hicieron. A su plan económico y financiero, que destruye a la industria, el trabajo, los salarios, la educación, no sólo a las universidades, sino también a las escuelas primarias.

Un plan que empobrece, que destruye el sistema de salud, que agrede a los discapacitados, a los enfermos oncológicos, que destroza una red de derechos que se empezaron a construir en la Argentina desde hace más de 100 años.

Nuestro gobierno es la contracara de Milei. Es un sistema de escudo y red que funciona por convicción ideológica y por necesidad de las y los bonaerenses, que ya no pueden más, que cada día viven peor y que ven que el gobierno nacional busca aprobación para profundizar aún más el ajuste, la recesión, la pérdida de poder adquisitivo, las esperanzas.

Entrega de escrituras en Almirante Brown.

Milei desfinancia la ciencia y la tecnología en forma intencional y a eso nos oponemos en la medida de las posibilidades cada día. Porque un país, una provincia en nuestro caso, con esas inversiones desarrolla el crecimiento a través de una mejor producción, innovación tecnológica y nuevas líneas productivas que generan crecimiento económico.

Y precisamente esa no es la provincia que quiere y necesita Milei. Él está planchando y parando todo. Necesita que sólo ingresen dólares por extractivismo sin controles ni medida y con bajísima rentabilidad para el país y para las provincias, y que ingresen dólares por venta primarizada agrícola ganadera, nada más.

El resto de la actividad de un país necesita funcionamiento del Estado, regulación para redistribuir de modo que la sociedad crezca y eso es lo que él no quiere. Intencionalmente tira todo para abajo porque es el único modo que su ideología funcione: cuando el Estado deja de estar presente nadie espera nada y entonces se abren las puertas para que se generalice esto que estamos viendo: EE.UU. quiere mandar a su embajador a decirle a las provincias, o sea a nosotros, qué puede y qué no puede hacer desde el punto de vista de sus intereses y necesidades.

MDF– Hablabas del daño en la microeconomía que provocan los movimientos que el gobierno hace en la macroeconomía: ¿cómo es el desafío de explicar esto con claridad en el contacto diario con la gente y cómo se ejemplifica?

VM– No es con slogans ni con explicaciones económicas complicadas. Es mirando la realidad junto a las y los bonaerenses. No es una frase vacía cuando decimos que hay otro camino y es el que estamos recorriendo con Axel.

La querida Provincia de Buenos Aires es en muchos sentidos (productivos, económicos, demográficos) el 40% de todo el país. Y es aquí, en nuestra tierra, en nuestro lugar de pertenencia, en  donde debemos limitar, donde tenemos que frenar todo lo que podamos el ingreso de la motosierra.

Toda la sociedad es testigo y sufre en carne propia todo el daño que ya ha hecho Milei, que incluye apropiarse de fondos legítimos que son de las y los bonaerenses, una decisión que recae en su calidad de vida,  porque Milei se queda con plata que debería ir directamente a la gente en recursos de salud, de educación, de obras de infraestructura, de apoyo a las pymes, a los comerciantes… a los más vulnerables.

Podemos mostrar hechos concretos, porque estamos abriendo nuevas escuelas y agrandando a las ya existentes con más aulas; abriendo nuevos hospitales y centros de salud y dotando de tecnología y ambulancias a los que ya funcionaban, haciendo las obras de infraestructura que tienen que ver con la vida diaria de los bonaerenses, atendiendo las necesidades básicas para asegurar la alimentación en medio de este desastre, el cuidado de niños y ancianos y los derechos irrenunciables de todos.

Inauguración del nuevo polo educativo en Alejandro Korn: Jardín de Infantes N°919, Escuela Primaria N°33 y Escuela Secundaria N°14.

MDF– Mencionabas los recortes presupuestarios desde el gobierno nacional a la provincia y sus efectos: ¿Cómo se aborda esta circunstancia para que no parezca que es un reclamo del gobierno provincial, de sus necesidades, es decir, político?  

VM– La sociedad entiende que si no hacemos más es porque nos pasa lo mismo que a las demás provincias, que si no la aliviamos aún más es porque Milei se queda con los recursos de la gente.

De todos modos, entiendo la pregunta y la prevención, porque la propaganda permanente del gobierno nacional y de sus voceros es mentir y volver a mentir sobre este tema, como sobre todos los demás.

Pero no nos vamos a rendir ante la motosierra, la mentira, la crueldad y la irresponsabilidad de Milei. No nos vamos a cansar de señalar lo que le gente sufre y sabe que los demás sufren. Milei es el culpable de que viajar en colectivo se haga imposible porque cuesta una gran parte de lo que se gana por día…

Es el culpable de que los jubilados (que no son una figura abstracta: son nuestros padres, abuelos, vecinos) no puedan comprar los remedios que necesitan para cuidar su salud. Es el culpable de que las familias se estén privando de alimentos básicos, de que se vaya cada vez más plata de los ingresos en pagar los servicios y que el día 15 de cada mes a la gente la ataque la desesperación porque ya no tienen plata…

Milei es el culpable de los miles y miles y miles de empleos perdidos, del terror a perder el trabajo, porque otro igual no hay, es el culpable de las pymes cerradas, de los productores arruinados, de las changas desaparecidas, o deterioradas por las que pagan dos pesos.

La realidad está a la vista. Y entendemos que el responsable también. Todo esto ya pasó en la Argentina y más de una vez. Y en cada ocasión, quienes nos opusimos debimos hacer el máximo esfuerzo para que las urnas derrotaran a quienes llevaban estas políticas de ultraderecha adelante.

MDF — El Banco Provincia tiene una historia muy ligada al desarrollo económico y social de la provincia de Buenos Aires y del país. ¿Qué nos podés contar sobre su origen y su rol a lo largo del tiempo? ¿En qué momentos clave creés que fue especialmente importante su presencia como banca pública?

Juan Cuattromo — Banco Provincia nació en 1822 como una iniciativa profundamente ligada al desarrollo de la economía nacional. Además, fue la primera entidad bancaria del país creada con un espíritu productivo y con una razón de ser muy clara: acompañar a los sectores que generan trabajo, producción y valor agregado. A lo largo de su historia, el banco fue un actor clave en momentos muy complejos para la Argentina, como en los últimos años, donde volvió a desempeñar un rol protagónico como banca pública. Entendemos que nuestra aproximación a la gestión del banco tiene “inspiración jauretcheana”. Así lo definió Axel. El Banco Provincia supera 200 años de historia, es el más antiguo en funcionamiento de hispanoamérica, pero no siempre fue un banco público. Recién en 1946, con Mercante como Gobernador y Perón como Presidente se toma la decisión de provincializar la entidad. Allí asumió Arturo Jauretche, poniendo en claro que la gestión de las finanzas desde el Estado tiene como rol y sentido ser soporte de las actividades productivas en el marco de una planificación del desarrollo impulsada desde el Estado.

Casa Matriz del Banco Provincia en La Plata, construida entre 1883 y 1886

En los ‘80, Aldo Ferrer también fue presidente de la entidad.  Lo que distingue al Banco en estas etapas, es que no persigue una lógica de rentabilidad financiera, sino de utilidad pública, ya que su único dueño es el pueblo bonaerense. Por ejemplo, en momentos de elevada rentabilidad de todo el sistema financiero (2022-2023), nosotros optamos por operar con niveles más bajos de ganancia en virtud de realizar una fuerte inversión de beneficios con Cuenta DNI. Esto ayudó a las familias, a los comercios y a la economía bonaerense. Esto lo podrían haber hecho entidades privadas, pero su objetivo es maximizar la ganancia. No es nuestro caso, sin que esto implique una administración poco responsable del patrimonio público. Hoy el banco luce la mayor solvencia financiera de su historia, pero siempre cumpliendo su rol de banca pública. Todo esto se traduce en una banca cercana, con presencia en cada rincón de la provincia, que entiende las necesidades de las familias y de las pymes. Atendemos a más de 10 millones de clientes (más que duplicamos la cantidad de clientes en relación a 2019), tenemos presencia en los 135 municipios y nuestra red de cajeros es la más grande de toda la provincia. Son ejemplos donde la innovación tecnológica se conjuga con la cercanía y el territorio.

MDF — Cuando asumieron la gestión en 2019, ¿con qué Banco Provincia se encontraron? ¿Cuál era la herencia que dejaban los gobiernos anteriores, y qué impronta y propósitos buscaron darle al BAPRO desde el gobierno de Axel Kicillof?

Juan Cuattromo — Cuando nos tocó asumir la conducción de Banco Provincia nos encontramos con un banco desfinanciado, que había sido puesto al servicio de la especulación financiera, con tasas usurarias para las pymes, sin una política clara de inclusión ni de desarrollo territorial. Habían abandonado su rol histórico de banca pública. Doy un ejemplo: en diciembre de 2015, el banco representaba el 12,0% de todo el crédito a la producción. Para fines de 2019, había caído al 7,8%. Desde el primer día de nuestra gestión, junto al gobernador nos propusimos recuperar el verdadero sentido del Banco, que es ser un instrumento al servicio del pueblo bonaerense. Tres ejes guiaron la gestión: desarrollo productivo, innovación y cercanía. Eso implicó reconstruir su capacidad operativa, volver a financiar al sector productivo, implementar políticas activas para las familias y hacerlo siempre con una mirada innovadora y de cercanía.

Todo esto fue posible gracias al trabajo articulado con el resto del gabinete provincial. Como decía antes, nos inspiramos en las mejores tradiciones de la banca pública bonaerense en su historia, pero también trabajamos de forma articulada con bancas de desarrollo de toda América Latina, a través de nuestra participación en la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), organización que nos toca presidir desde este año. Allí colaboramos activamente con el BNDES de Brasil, NAFIN/Bancomext de México o Finagro de Colombia. En nuestro país, también buscamos articular una visión federal para el sistema financiero mediante la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina (ABAPPRA), organización que también nos toca presidir desde este año. De este modo, conjugar nuestra historia más potente, con una visión regional y federal es lo que nos pide Axel para pensar una banca de desarrollo en un momento tan complejo de nuestro país y del mundo.

MDF — ¿Cuáles son las principales políticas, acciones y herramientas que lograron poner en marcha en estos años? ¿Qué balance hacés de programas como Cuenta DNI, que tuvo una gran visibilidad?

Juan Cuattromo — Uno de los grandes hitos de esta gestión fue sin duda la creación de Cuenta DNI, la billetera digital gratuita de Banco Provincia que relanzamos y potenciamos al inicio de nuestra primera gestión y que hoy la usan más de 10 millones de personas en todo el territorio bonaerense y más de 150.000 comerciantes. Fue una política pensada para ampliar derechos, democratizar el acceso a servicios financieros y fomentar el consumo en los comercios de barrio. A través de los descuentos mensuales que implementamos, las familias bonaerenses ahorraron miles de millones de pesos y los pequeños negocios vieron crecer sus ventas exponencialmente.

Juan Cuattromo — Hoy en día la app incorporó créditos personales, lo que demuestra el enorme potencial que tiene la banca pública para democratizar el acceso al financiamiento. Pero, además, la billetera digital de la banca pública bonaerense fue el símbolo, durante todos estos años, de una fuerte inversión en digitalización y modernización de la banca pública. Recibimos varios reconocimientos internacionales, el más significativo fue haber reconocido a la Cuenta DNI como la mejor respuesta a nivel global de una institución financiera ante la pandemia. Como decía antes, aquí la idea fue redefinir todo el ecosistema digital del banco (Banca Digital, web y móvil, Cuenta DNI, Cuenta DNI Comercios, Provincia Compras, ProCampo Digital, BIPI 3.0 para el sector público), sin perder de vista la cercanía y la inclusión. Nuestro programa Incluir realiza actividades de capacitación financiera.

En 2025, lanzamos la nueva edición de Rico.En.Data donde esperamos llevar nuestro curso de educación financiera a todos los pibes y pibas de 4to año de la PBA y recorrimos la provincia con nuestra muestra itinerante Incluir en Movimiento. Promovemos activamente la cultura con los Premios Banco Provincia (literatura, pintura, fotografía) y lideramos las nuevas agendas de nuestra sociedad. Fuimos el primer banco del país en crear una Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, creamos un protocolo contra las violencias, creamos también nuestra Comisión de Sostenibilidad y aplicamos modelos de evaluación del riesgo que incorporan dimensiones sociales y ambientales.

MDF — El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires suele plantearse como un escudo y una red frente al ajuste nacional. En este marco de ajuste al consumo y ataque al tejido productivo que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, ¿De qué manera el BAPRO actúa como red y sostiene hoy un rol de protección, inclusión y desarrollo?

Juan Cuattromo — Banco Provincia es una parte fundamental de una red de contención que impulsa nuestro gobernador frente al brutal ajuste que están sufriendo los argentinos y las argentinas. Mientras desde el gobierno nacional se recortan programas, se paraliza la obra pública y se abandona a las pymes, nosotros multiplicamos el esfuerzo para sostener el entramado productivo y proteger el poder adquisitivo de las familias. Aquí vale tener presente que nuestra estrategia de funcionar como banco de desarrollo comprometido con la realidad de nuestro pueblo, también implica que este modelo de ajuste nos afecta particularmente dado que nuestros clientes y clientas, empresas pymes o emprendedores de la economía popular están sufriendo las consecuencias económicas del modelo de Milei. Además, el desfinanciamiento a la provincia y los municipios, nos afecta doblemente en tanto nuestro rol de agente financiero. En ese sentido, mantenemos los beneficios de Cuenta DNI, otorgamos créditos accesibles a las familias, apoyamos con asistencia financiera a municipios en emergencia (alcanzamos 100 municipios que recibieron algún leasing del banco en estos años) y seguimos cerca de cada sector que necesita del acompañamiento del banco.

La realidad es objetivamente compleja y requiere más creatividad y cercanía que nunca. Debe tenerse en cuenta además, que las herramientas de apoyo que existían del gobierno nacional hoy no están más. Por ejemplo, la línea de Inversión Productiva que ponía foco en el financiamiento PyME de mediano plazo fue finalizada en abril de 2025. O el FONDEP que ofrecía subsidios de tasa a la producción finalizó a fines de 2023. Es decir, para este gobierno el sistema financiero no debe apoyar a la producción, lo que es doblemente nocivo dado el esquema macroeconómico de ajuste y apertura. Pero además, tampoco se concibe un rol para la Banca Pública, que de hecho, quieren privatizar. Nosotros creemos en una banca pública que no especula, sino que se compromete con su gente porque en definitiva, ese es nuestro rol. En este sentido, durante 2025 invertimos más de $100.000 M en asistencias para atender las inundaciones de Bahía Blanca, esto es solo el banco puso recursos equivalentes a la mitad de todo lo que anunció el gobierno nacional.

MDF: ¿Cuáles son los principales objetivos del OPISU y qué políticas concretas están llevando adelante para mejorar la vida en los barrios populares? ¿Qué impacto tuvieron en esta etapa y en qué territorios se ve con más fuerza esa transformación?

Romina Barrios: El OPISU trabaja por la integración social de los barrios populares de la provincia de Buenos Aires. Entendemos por integración social y urbana —o, como comúnmente se la denomina, urbanización— la atención conjunta de los aspectos físicos, sociales y productivos de las comunidades que habitan en estos territorios. Cuando hablamos de barrios populares, nos referimos a diversas formas de urbanización popular: villas, asentamientos, loteos informales, tomas organizadas, e incluso complejos habitacionales que atraviesan situaciones de emergencia habitacional.

Actualmente, desarrollamos nuestras acciones en 66 municipios de toda la provincia, interviniendo en más de 250 barrios populares mediante obras, programas y servicios de distintas escalas. Llevamos adelante lo que denominamos proyectos integrales, los cuales, de forma continua abordan obras de infraestructura primaria, secundaria, domiciliaria e intradomiciliaria. Esto implica, por ejemplo, realizar intervenciones que abarcan desde una obra de captación primaria de agua hasta la conexión final dentro de cada vivienda. Lo mismo aplicamos para sistemas de saneamiento, redes cloacales, obras hidráulicas, pavimentación, alumbrado público, y también la construcción de equipamientos comunitarios. En este marco, construimos escuelas, fortalecemos clubes de barrio y espacios comunitarios en entornos que sufren privaciones agudas y postergaciones estructurales .

Además, trabajamos con una fuerte perspectiva de generación de empleo y fortalecimiento de las economías locales en cada barrio, como parte fundamental del proceso de integración social. Un ejemplo de ello es el trabajo que venimos realizando en tres barrios populares de la Matanza -Puerta de Hierro, San Petersburgo y 17 de Marzo-, con proyectos de integración urbana, construcción de complejos de viviendas, mejoras habitacionales, regularización dominial, ejecución y mejora de espacios públicos y espacios socio-comunitarios, mejoras de comercios, apoyo a emprendimientos y capacitación laboral, gestión de residuos, saneamiento, obras eléctricas, de cloaca, agua y pavimentación.

MDF: Frente al abandono del Gobierno Nacional, Axel Kicillof ha planteado que la Provincia actúa como “escudo y red” para cuidar a las y los bonaerenses. ¿Cómo se expresa eso en la tarea del OPISU? ¿Qué ejemplos podés dar que evidencien la deserción nacional y el rol activo que asume la Provincia en materia de integración urbana y acceso a derechos?

Romina Barrios: La deserción del Gobierno Nacional impacta muy fuertemente en nuestros barrios, y lo hace de diferentes maneras. Algunas de esas formas son directas y otras más indirectas, pero en todos los casos el efecto es profundo. En primer lugar, el desmantelamiento de las políticas sociales y de inclusión que estaban destinadas a distintas franjas etarias —niñeces, jóvenes, adultos, personas mayores— generó un vacío significativo. Tal vez, el aspecto más cruel de esta deserción concierne a que la política de ajuste aplicada ha comprometido la seguridad alimentaria. En el marco de esa emergencia, el OPISU, en articulación con otros organismos, ejecuta el Programa S.A.N.A que busca dar respuesta a las demandas y necesidades básicas alimentarias de la población de barrios populares bonaerenses. S.A.N.A implementa una estrategia integral que consiste en la entrega mensual de alimentos a comedores junto con la realización de mesas barriales que incluyen actores vinculados a los circuitos alimentarios locales de cada barrio, asistencia técnica para brindar información, implementar operativos de salud integral y capacitaciones.

A esto se suma la interrupción del financiamiento para obra pública y la paralización de proyectos que, en muchos casos, estaban próximos a finalizar. No se trata solo de viviendas, sino también de obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo de los barrios.

Los procesos de integración urbana son largos y técnicamente complejos. Implican intervenciones concatenadas, es decir, obras que dependen unas de otras. Por ejemplo, la paralización de obras en el Acceso Sudeste afecta directamente nuestros proyectos en Quilmes e Itatí. También nos impacta la suspensión de los programas de limpieza, mantenimiento y gestión de cursos de agua que realizaba la ACUMAR. Esto tiene consecuencias visibles, especialmente en lo que respecta a las inundaciones, porque es muy difícil sostener ese tipo de tareas a gran escala desde lo local.

Estos efectos también se evidencian en eventos climáticos extremos, como ocurrió en Bahía Blanca. Allí estaba, por ejemplo, la obra detenida por el Gobierno Nacional entre la Ruta 33 y la 3 —conocida como el distribuidor del Cholo—. El freno a esa obra tuvo un impacto muy fuerte, porque todo el sistema hidráulico previsto para canalizar el agua, así como parte del sistema pluvial urbano de los barrios de la zona, quedó sin resolver. Además, esa obra inconclusa actúa hoy como una barrera urbana que dificulta aún más la evacuación del agua. Las obras detenidas no postergan soluciones urgentes sino que también generan nuevos problemas y daños muy graves.

En este contexto, nuestra tarea es actuar como escudo y como red. No nos resignarnos a trabajar únicamente en la emergencia, sino a sostener el horizonte de integración social y urbana, a luchar contra – en palabras de Francisco- el descarte. Por culpa de la deserción del Gobierno Nacional, tal vez debamos ralentizar algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto, pero no vamos a renunciar a la tarea que asumimos: integrar y construir dignidad. Eso implica cuidar con mucha atención las obras que siguen en marcha, que el gobernador prioriza en términos presupuestarios y políticos. Nuestra responsabilidad es garantizar, en conjunto con las cooperativas y las empresas constructoras que licitan obra pública, que esos proyectos se desarrollen en tiempo y forma, con eficiencia, transparencia y cuidando los recursos de la provincia de Buenos Aires.

Operativo de asistencia en Bahía Blanca coordinado entre el OPISU, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio de Ambiente de la Provincia.

MDF: Los proyectos de urbanización popular muchas veces enfrentan obstáculos estructurales y prejuicios ideológicos. ¿Qué visión del Estado, del territorio y de la comunidad guían la tarea del OPISU? ¿Qué implica “urbanizar con inclusión y justicia social”?

Romina Barrios: Efectivamente enfrentamos prejuicios, tal vez ideológicos, y también obstáculos propios del proceso. Y ahí surge una pregunta clave: ¿qué visión del Estado, del territorio y de las comunidades estamos manejando?

Lo primero que tenemos que entender es que enfrentamos un problema estructural, tanto en nuestro país como en América Latina: la segregación urbana producto de la desigualdad social. Las crisis de vivienda o los problemas habitacionales dejaron de ser emergencias puntuales para convertirse en cuestiones estructurales que debemos abordar con políticas públicas sostenidas. No se trata de caridad sino de trabajar para cumplir derechos, derechos que están en la Constitución.

El gobernador suele explicar muy bien cómo los procesos de segregación urbana y los modelos neoliberales van generando problemas estructurales, y luego se nos acusa de no hacer obras. La realidad es que, en los últimos 70 años, la población de la provincia de Buenos Aires se cuadruplicó sin que se realizaran las obras e inversiones necesarias para acompañar ese crecimiento. Y ese crecimiento no fue solo resultado del desborde de la ciudad de Buenos Aires, sino de un modelo de desarrollo productivo vinculado al trabajo que muchas veces agravó la exclusión. La falta de planificación y recursos sostenida en el tiempo y las dificultades para planificar ordenadamente ese crecimiento han generado desequilibrios. Como se dice coloquialmente, estamos siempre corriendo atrás del problema. De allí que resulta tan valiosa e inédita la decisión política de Axel de enfrentar los problemas estructurales y de fondo. Por eso, hay un gran desafío en términos de capacidades estatales para conocer, abordar y planificar soluciones de fondo. Frente a problemas tan profundos, resulta imperdonable el retiro del Estado que propone Milei.

Lo que discutimos, en definitiva, es la posibilidad de consolidar un modelo de gestión, una forma de hacer las cosas que nos permita avanzar hacia la integración social y urbana. Creo que ya está saldada la discusión que reduce el problema habitacional a la falta de una vivienda o una unidad física. Ese es el primer paso que intentan resolver los vecinos, pero el problema real está en las infraestructuras, y el Estado no puede mirar para otro lado. El mercado inmobiliario no produce integración urbana y social.

Necesitamos intervenciones profundas sobre las redes de agua, cloacas, sistemas de saneamiento, iluminación, pavimento, espacios públicos, y también sobre el acceso a derechos básicos: educación, salud, seguridad, cultura. Por eso, lo que discutimos es una mirada integral, una forma de hacer, una perspectiva que no solo contemple las necesidades físicas —que son fundamentales para una vida digna—, sino también las dimensiones sociales, comunitarias y productivas. Reconocer y fortalecer el desarrollo económico que existe en los barrios y su integración al mundo del trabajo. En definitiva, lo que estamos proponiendo es un modelo que pueda ser sostenible. No queremos poner parches.

MDF: Más allá de las urgencias que impone el ajuste nacional, ¿cuáles son las transformaciones de fondo que se busca consolidar en el mediano plazo?

Romina Barrios: Lo que buscamos consolidar en el mediano plazo es la posibilidad de explicitar con mayor claridad la necesidad de un modelo de gestión específico para atender las urbanizaciones populares existentes. Se trata de reconocer que estas urbanizaciones son resultado de la incapacidad histórica del Estado para planificar ciudades inclusivas, y que por tanto su atención debe ser una responsabilidad estatal.

Desde esa mirada —una mirada de reparación y basada en el paradigma de los derechos humanos— sostenemos que todos merecemos un lugar digno donde vivir. Pero ese lugar no es solo una vivienda: es también un entorno, una comunidad, y el acceso garantizado a servicios básicos. Necesitamos volver a construir un consenso en torno a una idea fundamental: si algunos viven muy bien y otros muy mal, todos vivimos peor. La segregación urbana, la injusticia espacial y social generan más violencia y degradan la calidad de vida de toda la sociedad.

Parte de este camino implica recuperar una visión de progreso e inclusión basada en el trabajo, y también derribar prejuicios profundamente instalados. Uno de los más frecuentes es creer que en los barrios populares “no se quiere pagar” los servicios. Pero la verdad es que la inmensa mayoría de nuestros vecinos sí quiere pagar por servicios, porque los necesita. El problema es que muchas veces las prestatarias de servicios públicos no reconocen esos territorios como sujetos de derecho, y no están dispuestas a garantizar servicios de calidad, como los que se ofrecen en otras zonas.

En lugar de poner el foco en la supuesta gratuidad, deberíamos preguntarnos por qué no hubo históricamente un stock de oportunidades y condiciones para que todos puedan acceder a servicios y pagarlos como corresponde. Nuestro trabajo apunta justamente a construir sociedades más igualitarias, con derechos garantizados y también con obligaciones. Por eso acompañamos procesos de regularización, entrega de títulos, inclusión en el padrón del impuesto inmobiliario de ARBA, conexión a redes eléctricas formales y acceso a servicios de limpieza y mantenimiento urbano.

Pero también señalamos con claridad: necesitamos que las empresas prestatarias —como EDENOR, EDESUR, AYSA, entre otras— asuman su parte. Muchas veces, incluso desde el gobierno provincial estamos dispuestos a financiar las obras necesarias, pero no logramos obtener las factibilidades técnicas ni el compromiso de ejecución por parte de esas empresas. Entonces, ¿dónde están realmente los prejuicios? ¿Y cómo operan esas miradas discriminatorias?

El gran desafío que tenemos en el mediano plazo es poder consolidar un modelo de gestión que defina con claridad qué significa urbanizar. Urbanizar no es hacer cualquier cosa: es construir una ciudad justa, con reglas claras, con derechos y obligaciones para todos. Es apostar por una sociedad de iguales, en donde el acceso al suelo, a la infraestructura y al hábitat digno sea un derecho universal y no un privilegio.

Esta mirada no es utópica ni está alejada de la realidad. Es una propuesta concreta que busca que nuestros barrios sean parte activa de la planificación urbana, que sean reconocidos formalmente dentro del ordenamiento territorial. No partimos de cero: hemos conquistado normas, hemos logrado presupuestos, y se han creado instrumentos financieros clave, como el Fideicomiso SISU, que hoy se ve amenazado por el desfinanciamiento, pero que vamos a recuperar.

Cuando ese momento llegue, tenemos que estar preparados: con planes de obra, con proyectos de trabajo, con planificación territorial que tenga a nuestros barrios adentro. Reurbanizar, para nosotros, es posible y es una obligación. Tenemos un Gobierno Nacional insensible , ausente y que implementa una política económica que rompe el tejido social de los barrios populares. Pero también tenemos un gobierno provincial decidido a seguir construyendo dignidad y el derecho al futuro para todos. Para nosotros, la urbanización es parte esencial del  proyecto de justicia social que abrazamos.

Romina Barrios es Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana.